Este proyecto elimina tasas administrativas que cobraba la provincia por diversos servicios, estableciendo la gratuidad de las actuaciones de la administración pública. Deroga múltiples artículos de la Ley 3407 que regulaban estos cobros, aunque permite que el Ejecutivo mantenga incentivos al personal financiados con esas tasas y realice ajustes presupuestarios necesarios para implementar la medida.