Este proyecto de ley busca establecer la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios públicos de alto nivel, legisladores, magistrados y personal de fuerzas de seguridad para asegurar que ejerzan sus funciones libres de sustancias psicotrópicas ilegales. Los exámenes se realizarían anualmente y de manera aleatoria, siendo un requisito obligatorio para acceder y mantenerse en los cargos. El Ministerio de Salud sería la autoridad encargada de implementar y reglamentar los procedimientos, garantizando la confidencialidad de los resultados.