Este proyecto de ley busca establecer la obligatoriedad de instalar dispositivos de detección de monóxido de carbono y gases (natural y GLP) en todos los edificios públicos provinciales que cuenten con artefactos a gas. El proyecto prioriza las instituciones educativas, que deberán contar con estos sistemas en un plazo de 180 días, y prevé que el Poder Ejecutivo reglamente las especificaciones técnicas mínimas de los equipos, incluyendo alarmas acústicas y lumínicas para alertar sobre concentraciones peligrosas.